Echado un vistazo, el asunto es similar a la investigación sobre la APP del tercer carril en la vía Bogotá-Girardot, otro proyecto en el que aparece el grupo Solarte y que investiga la SIC. Ambos casos, en el marco teórico de dos o más partes pactando en daño de un tercero.

 

Por: Duberney Galvis

La investigación por cartelización en la APP del aeropuerto Aeromatecaña, que avanza en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), abrió la caja negra y confirma de paso lo advertido por la veeduría del aeropuerto, y por quienes hemos denunciado lo ocurrido desde que el alcalde Juan Pablo Galló decidió entregar el aeropuerto a una firma de los Solarte, socios de la corrupta Odebrecht.

Y ya es sabido, la APP no solo fue entregada a un consorcio investigado, sino que, como se explicó en pasada columna (ver), en el proceso licitatorio ofertaron dos empresas que son socias entre sí en el concesionario Opaín, casualmente con ofertas muy bajas, lo que podría configurar el delito de colusión.

Y en efecto la contraloría de Pereira, en cabeza de Alberto Arias Dávila, halló posibles irregularidades en la licitación de la APP del Aeromatecaña. Al respecto señaló en la prensa: “…precalificaron como aptos doce proponentes, y de estos solo dos presentaron propuestas, con ofertas muy similares, y estos hallazgos fueron enviados a la SIC”. (ver)

Echado un vistazo, el asunto es similar a la investigación sobre la APP del tercer carril en la vía Bogotá-Girardot, otro proyecto en el que aparece el grupo Solarte y que investiga la SIC. Ambos casos, en el marco teórico de dos o más partes pactando en daño de un tercero.

Y bien por la SIC. Habría que ver el asunto del traslado de copias a las demás autoridades. Y una observación, deberían revisar lo referente a impedimentos del superintendente en este caso, para garantizar el mismo.

Debe recordarse que el superintendente ha recibido homenajes del exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio, Mauricio Vegas Lemus, quien fuese miembro de la junta directiva del Aeromatecaña y uno de los principales impulsores de la APP (ver). Es que eso de apelar a la ‘paisanidad’ con las entidades que vigilan, más allá de la lambonería, debe tener siempre en cuenta el aspecto ético y legal. Para la muestra esta carambola.

Adviértase que la APP se aprobó sin pasar por el Concejo y el aeropuerto es de carácter municipal, lo que configura una ilegalidad. Fue puesta en marcha contra las públicas evidencias de los daños que significaría para las finanzas municipales. A sabiendas de que, con los excedentes del aeropuerto, el municipio podía hacer las obras requeridas, incluso en menor tiempo, sin entregar solventes ingresos a un tercero.

Un corolario más. El no pago de la estampilla “Procultura y probienestar del adulto mayor” por parte del operador del consorcio en el aeropuerto, una cuantía superior a 10 mil millones de pesos (ver).

Por ende, reafirmo las preguntas que expuse en la referida columna sobre el tema y agrego ahora: ¿Solo responderán las firmas involucradas y no así los que hicieron la licitación y aprobaron el negocio? En definitiva, es muy grave la posible cartelización que investiga la SIC y seguimos esperando los resultados de las demás investigaciones. No en vano las responsabilidades de la Junta Directiva son múltiples.

¡La caja negra tiene varias piezas!